Manifiesto popular contra la violencia policial y parapolicial PDF Imprimir E-mail
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NOTICIAS - Opinión
Escrito por Administrator   
Jueves, 04 de Septiembre de 2014 22:32

Nosotros, voceras y voceros del Poder Popular, Consejos Comunales y Comunas, movimientos sociales, organizaciones juveniles, culturales y deportivas, vecinos de comunidades populares de Caracas, queremos expresar nuestra preocupación y repudio frente la escalada de hechos violentos que durante los últimos tiempos han afectado a nuestros sectores, cobrando la vida de nuestros hijos y vecinos a manos de funcionarios corruptos e inescrupulosos de los cuerpos de seguridad. Los casos de asesinatos, abusos policiales y maltratos, violaciones de los derechos humanos y extorsiones por parte de policías contra nuestras comunidades se han multiplicado a nombre de una política de seguridad que no garantiza la paz y la vida, como demanda nuestro Presidente, sino que incrementa la violencia, genera más delito y atenta contra los principios fundamentales de la Revolución.

Apoyamos decididamente los esfuerzos del gobierno revolucionario por garantizar la paz y la convivencia, pero creemos que la actuación de algunos miembros de los cuerpos policiales no contribuye con este propósito, sino que por el contrario profundizan la violencia y la zozobra en las zonas populares.

Durante las últimas semanas se ha hecho cada vez más frecuente que funcionarios policiales irrumpan en nuestras comunidades para realizar detenciones y ejecuciones, sin contar con orden judicial, sin considerar el debido proceso y sin respetar el derecho a la vida. Cuando la comunidad intenta intervenir para parar el abuso, arremeten sin contemplación contra niños, mujeres, ancianos y otros vecinos, como medida de represalia y amedrentamiento. El 11 de junio una Comisión del CICPC llega a la comunidad de Cerro Grande, El Valle, y detienen a Jhonny Tovar en su casa, para luego asesinarlos en la calle, frente a vecinos del sector. Luego la misma comisión reprimió sin ningún escrúpulo a los vecinos que se quejaron por el procedimiento, o que simplemente pasaban por el sector para ir a su trabajo, llevándose detenido a varios y amenazando al resto.

En otras ocasiones, se ha actuado contra promotores y dirigentes sociales comprometidos con la revolución y la paz: el 7 de junio fue asesinado en Petare por el CICPC Manuel Mosquera (Manolo), quien dirigía un esfuerzo por devolverle a jóvenes etiquetados como “malandros” un lugar digno en la sociedad. Manolo se había reunido meses antes con el Presidente Maduro, quien lo había presentado como un ejemplo del empeño de personas vinculadas con el delito que se comprometían con dejar sus actividades pasadas para dedicarse a promover la paz.

Asimismo, denunciamos la actuación de grupos paramilitares constituidos por funcionarios policiales, que ejecutan acciones de exterminio y amenazan a vecinos y organizaciones del poder popular que discrepan de sus métodos.  El 29 de junio, un grupo de policías tomaron el sector disparando, para luego dirigirse al Hospital Clínico Universitario y rematar a un herido, Edinson Balza (29),  y a su hermano Said Balza (18). Edinson había sido herido de bala pocas horas antes en un enfrentamiento con otro policía y trasladado al centro hospitalario, donde espera sedado ser operado de emergencia. El grupo agresor entró a la fuerza, portando armas, subió al quirófano y ejecutó al paciente y luego mató a su hermano, quien esperaba afuera por su familiar.

También se han hecho habituales los hostigamientos, detenciones sin motivo, maltratos, intentos de extorsión (las llamadas “multas” que la policía pretende cobrar mediante amenazas) a nuestros muchachos, por el único delito de ser pobres, de portar “cara de culpables”.

No es posible que mientras se llama a la paz, al desarme, a dejar el delito y la violencia, por otro lado los cuerpos policiales se dediquen a matar a esos mismos muchachos que deciden acatar tal llamado.

Estas prácticas están lejos de contribuir con la seguridad y la paz, generando más violencia y más impunidad. Perseguir a presuntos “delincuentes” es un negocio para los policías corruptos, que amenazan, extorsionan y aplican violencia a cambio de dinero. Se ha vuelto habitual que nuestros barrios se conviertan en la caja chica de funcionarios policiales delincuentes, que llegan buscando dinero a través de la amenaza de violencia o por medio del robo descarado.

Por otra parte, se desacreditan los cuerpos policiales, pues lejos de contribuir a una nueva relación entre policía y comunidad, como se ha venido planteando desde el Ministerio del Interior, por unos pocos policías abusivos terminamos viendo a los cuerpos de seguridad como enemigos del pueblo.

El problema del delito y la violencia no se resuelve con represión, sino yendo a las causas estructurales: trabajo, educación y alternativas de vida para nuestros muchachos. La revolución sigue estando en deuda con los jóvenes de los sectores populares. Y la respuesta frente a esto no puede ser la represión y la violencia policial.

Estas prácticas niegan las bases mismas de la revolución bolivariana. Desde 1992, el Comandante Chávez asumió las banderas de la lucha contra la represión policial, con las que los gobiernos neoliberales pretendían acallar las protestas populares contra la situación social y económica de entonces. A mayor empobrecimiento, más represión, era la receta de la oligarquía y de sus gobiernos. Y de allí las tristemente célebres redadas, operativos, o políticas como el Plan Unión, entre otras prácticas nefastas con las que la revolución acabó. Tememos que ahora se pretenda reeditar estas políticas del pasado que sólo sirvieron para sembrar dolor y desmovilizar a través del miedo a nuestro pueblo.

Esta actuación de algunos cuerpos policiales reproduce la desigualdad y la injusticia social. Mientras la policía tolera los delitos de los poderosos (y una muestra ha sido su actuación frente a conspiradores y guarimberos), la represión es desmedida contra los hijos del pueblo. Nuestras cárceles están llenas de muchachos que están ahí no por el delito que hayan cometido, sino por ser pobres. Nuestros hijos son detenidos todos los días solo por ser pobres. Sólo los pobres mueren bajo las balas de la policía en presuntos enfrentamientos que, la mayoría de las veces, encubren viles asesinatos a sangre fría. La seguridad no puede ser a costa de la represión contra los sectores populares. Sólo puede haber seguridad cuando haya justicia social e igualdad.

En resumen, alertamos sobre lo que calificamos como acciones de exterminio, ejecutadas por grupos policiales y parapoliciales que pretenden socavar la revolución y las políticas que el gobierno revolucionario ha puesto en práctica, castigar al pueblo sembrando zozobra y terror, y hacer negocio con la vida de nuestros muchachos.

Exigimos a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Poder Popular  de Relaciones Interiores, a Consejo Nacional de Derechos Humanos y al Gobierno Revolucionario que, como parte de la defensa del legado de Nuestro Comandante, se investiguen y sancionen con firmeza estás prácticas y a sus responsables, para que cesen de manera inmediata y definitiva.

Solicitamos un gran diálogo entre el gobierno, las comunidades populares y los jóvenes de los barrios para discutir propuestas para la paz, la seguridad y la convivencia. Las llamadas ONG de derechos humanos sólo hablan para defender intereses de gente de clase media o de opositores, pero nadie defiende al pobre de los abusos policiales. Por eso le pedimos al Presidente Nicolás Maduro que hable directamente con los sectores populares, para construir juntos una política para la paz con dignidad y justicia.

Llamamos a todas nuestras comunidades y al Poder Popular a denunciar, organizarse y combatir estas prácticas criminales y antipopulares. Sólo la organización y lucha del pueblo podrá detener los abusos. No puede haber socialismo con represión contra el pueblo.

Manifiesto popular contra la violencia policial y parapolicial
 
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